viernes, 14 de febrero de 2014

Autorizan 12.000 hectareas de desmonte en Palma Sola - Jujuy

Ver Nota presentada A LA DIRECCIÓN PROVINCIAL DE DESARROLLO SUSTENTABLE mas abajo
PODER POLITICO, JUDICIAL Y EMPRESARIO EN PALMA SOLA
Quiénes están tras la expulsión de las familias campesinas y la desaparición del bosque nativo.
Los Pueblos Indígenas y Campesinos que habitan parte del territorio de nuestra provincia padecen al día de hoy el desconocimiento histórico de sus derechos territoriales. Este desconocimiento es fruto de una política que apunta a la desaparición del sector, imponiendo su “integración” a una economía capitalista que los necesita como mano de obra barata de las grandes industrias locales como la minería y los ingenios azucareros. En la actualidad a esta problemática se suma el corrimiento de la frontera agrícola con la plantación de extensas zonas de monocultivo de soja, poroto y caña. Esto trae aparejado la perdida de extensas zonas de monte chaqueño y la expulsión de poblaciones campesinas e indígenas de sus tierras.
La vulneración de los derechos de los Pueblos Indígenas y Campesinos es posible por la articulación de los poderes provinciales (Ejecutivo, Legislativo y Judicial) y los poderes facticos (grandes corporaciones empresariales ligadas en su mayoría de las veces a políticos locales).
La localidad de Palma Sola es escenario de conflictos cotidianos entre familias campesinas que habitan ancestralmente la zona y empresarios del agronegocio que llegaron en la última década con la intensión de desmontar para plantar soja. De ello podemos mencionar al menos tres situaciones que muestran un actuar conjunto del Poder Judicial, ejecutivo y económico.
Caso del Paraje Santa Fe: en diciembre de 2009 son detenidos cuatro campesinos (tres de ellos mayores de 70 años) por defender su posesión frente al administrador de la empresa CRAM S.A. que quería cerrar el paso de la familia al lugar donde pastorean sus animales. Cuando los campesinos se presentan a la Comisaria a denunciar el atropello de la empresa son detenidos, teniendo que pasar la noche de año nuevo en la comisaria. El Poder Judicial de San Pedro intervino  en distintas instancias fallando en contra de las familias poseedoras. El dueño de la empresa CRAM S.A. es  pariente directo del Dr. Macedo, quien fuera diputado provincial, embajador argentino en Bolivia y su hijo, al momento de los hechos, era Secretario General de la Gobernación, ambos apoderados legales de la empresa. Luego de intensos conflictos  y de desmontar cerca de 1.000 has de monte nativo, el Tribunal Contencioso Administrativo anulo las autorizaciones de desmontes a la empresa, por un amparo presentado por las familias campesinas. Actualmente la causa se encuentra en el Superior Tribunal de Justicia de la Provincia. Es preciso poner de resalto que integra este tribunal el Dr. Sergio Jenefes, hermano del actual vice gobernador y quien tiene en la misma zona de conflicto miles de hectáreas de desmontes autorizadas para realizar mono cultivo de soja, lo que lo convierte en uno de los mayores empresarios del agronegocio en la provincia.
En el Paraje Las Vertientes existe un pedido de 12.000 has de desmonte, allí fue apresado un campesino para que en los días que estuvo detenido la empresa La Jujeña S.A.I.F.Y G. ingresara topadoras con el fin de alambrar su posesión.
La empresa La Jujeña S.A.I.F.YG.[1] tiene como Vicepresidente y director titular a Néstor Virgilio Cervera, quien obtuvo amplias extensiones de tierra en el Dto. Anta, provincia de Salta, en sociedad con Alfredo Olmedo.  Asimismo, es director suplente David Utin, pariente de Amalia Fortabat.  La Jujeña es la empresa con mayor extensión de tierras en la zona de Palma Sola, habiendo adquirido la tierra en la década de los años 70, poseía 45.000 has, las que luego fue vendiendo. En el paraje Santa Fe (caso mencionado anteriormente) vendió 10.000 a la empresa La Gran Largada S.A., quien luego vende esas tierras a la empresa CRAM S.A. de propiedad de la familia Macedo. Asimismo La Jujeña vende 17.000 has a la empresa Agropecuaria El Mistol S.A. quien finalmente solicita la autorización de desmonte de 12.000 has. en el paraje Las Vertientes. Agropecuaria El Mistol S.A. (que nace como escisión de La Jujeña) es de propiedad de Cervera y Agroganadera San Rafael S.A. y tiene como presidente a David Utín, Director Titular Nestor Virgilio Cervera y su esposa Olga Azucena Zurita es directora suplente. 
En este caso, al igual que en el anterior, la Justicia de San Pedro  falló en contra de las familias poseedoras negado sus derechos territoriales. Asimismo, dos abogados, Juan Zenarruza (apoderado de La Jujeña) y Gustavo Fiad (quien oficio esta vez de apoderado de las familias, pero que en realidad es abogado de sojeros como el caso de los Macedo) hicieron que las familias firmaran convenios con la empresa bajo amenaza de desalojo, donde renuncian a todos sus derechos territoriales, a cambio de dinero y escasas hectáreas.
Actualmente las familias campesinas organizadas han realizado denuncias en la Secretaria de Gestión Ambiental y solicitaron participar en el proceso de autorización de desmonte, a fin de poder dar su opinión y ejercer los derechos que como familias campesinas les corresponde. A la fecha no han podido acceder al expediente y por lo tanto se ha negado la participación e información en este proceso.
Por último mencionamos el caso del empresario Orlando Canido, quien ya obtuvo de la Secretaria de Gestión Ambiental numerosas hectáreas de desmonte para realizar mono cultivo de caña. En la zona del Paraje Agua Salada, también de la localidad de Palma Sola, sin autorización alguna, se metió en campos de campesinos ganaderos con topadoras, usurpando parte de sus territorios, con la intención de alambrar y desalojar a los compañeros. Se hicieron denuncias en Colonización y Secretaria de Gestión Ambiental, pero a la fecha no se obtuvieron respuestas de las autoridades; lejos de ello, desde el Instituto de Colonización avalan las acciones usurpadoras del empresario. La Dirección de Desarrollo Sustentable no ha frenado las actividades ilícitas de desmontes que lleva adelante Canido pese a que desde noviembre de 2012 se han denunciado estos atropellos. Canido fue denunciado en la Provincia de Santiago del Estero por asociación ilícita, ya que con abogados, ex policías y empresarios usurparon tierras de campesinos en la zona de Quimilí. El Movimiento Campesino de Santiago del Estero (MOCASE Via Campesina) lo ha denunciado por haber desalojado a campesinos en el año 2004 utilizando topadoras para tirar sus casas.
Para cerrar denunciamos el accionar judicial que permite el saqueo del bosque nativo en el departamento San Bárbara, habiendo dejado sin efecto una medida cautelar que prohibía que se continúe desmontando en todo el departamento hasta tanto se resuelva un proceso judicial donde se discute la validez del Plan de Ordenamiento  para Áreas Boscosas aprobado primero por decreto del Poder Ejecutivo y luego refrendado por ley. Luego de que una decena de jueces y abogados de la matricula se excusaran de intervenir, dos abogados que actuaron como jueces ad hoc levantaron la medida cautelar argumentando que se ponía en riesgo la economía regional. Con esta connivencia actúa también el Instituto de Colonización de la provincia, quien adjudica a módicos precios la tierra fiscal a empresarios para que desmonten y hagan monocultivo, y a los campesinos les intima a pagar por sus tierras altos precios.
Nos preguntamos si estos señores serán quienes traerán el mentado progreso que auguran políticos y empresarios para nuestra zona. Claramente traerán mayores saqueos y desolación.
Organización Campesina Tierra Fértil – Palma Sola, Jujuy
Movimiento Nacional Campesino Indigena
Mayo de 2013.



[1] Su Presidente y Director Titular es Santiago Maria Juan Antonio Nicholson y Director Suplente Juan Antonio Nicholson (hijos de Juan Antonio Nicholson uno de los dueños del Ingenio Ledesma) y apoderada legal María Blaquier, nieta de Carlos Pedro Tadeo Blaquier, dueño del Ingenio Ledesma, actualmente procesado por crímenes de lesa humanidad cometidos durante la última dictadura militar en Libertador General San Martín, provincia de Jujuy.

San Salvador de Jujuy, 14 de febrero de 2014
REF. Expte. 666-009/2014 – Audiencia Pública convocada por Resolución N°007-SGA/2014
Al Director Provincial de Desarrollo Sustentable
Téc. Quim. Matías Mori:
Los abajo firmantes expresamos por la presente nuestro enérgico repudio a la forma que pretende darse a la devastación del bosque chaqueño.
Este llamado a audiencia pública implica desconocer los sendos argumentos esgrimidos en el Amparo Ambiental Colectivo presentado por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), por familias campesinas de la localidad de Palma Sola y por el Pueblo Guarani en el año 2010, donde se pidió la anulación del Plan de Ordenamiento Territorial para las áreas boscosas por contradecir la normativa nacional y supranacional en materia de protección de los boques nativos y de los derechos de los pueblos indígenas y campesinos.
Al día de la fecha dicho amparo no fue resuelto continuándose con el desmonte indiscriminado lo que configura el saqueo de nuestros bienes naturales y que fuera descripto como ecocidio.
Expresamos nuestra oposición a que se autoricen 12.000 has de desmonte en una zona de fragilidad ecológica, donde se perderá la conectividad entre las yungas y el chaco, y lo que traerá aparejado la expulsión de las familias campesinas que viven en el lugar y que no podrán continuar con la ganadería de monte abierto ni realizar actividad agrícola alguna ya que luego del desmonte vendrán las fumigaciones con agrotóxicos.
Solicitamos se extraigan copias certificadas para ser agregados al presente del expediente Ref. Expte. Nº B-245.255/10 “Acción Colectiva de Amparo Ambiental: Rodríguez Carlos Alberto, Ramírez Nelli, Rueda María Magdalena, Mamani Gloria Isabel, Guzmán Rene Hugo, Galindo José Víctor, y otros c/ Estado Provincial” que tramita ante el Tribunal Contencioso Administrativo, ya que allí se expresan sendos argumentos técnicos y legales que avalan nuestra postura.
En tanto dicho amparo pende de resolución judicial, solicitamos se SUSPENDA el llamado a Audiencia Pública realizado, hasta tanto se obtenga sentencia. Esto en virtud que allí se pide la anulación de la Plan de Ordenamiento Territorial, y el pedido de desmonte se basa en dicho Plan.
Asimismo, solicitamos se realice un estudio de impacto ambiental acumulativo donde se analice el impacto general de todos los desmontes autorizados y llevados adelante en la zona de Palma Sola desde la aprobación del Plan de Ordenamiento Territorial hasta el presente, en tanto del mismo se podrá evaluar el verdadero impacto que tienen los desmontes autorizados de manera fragmentada. De otra forma no es posible conocer el daño que se está produciendo en la zona por los diversos desmontes llevados adelante. Es de hacer notar que no existen antecedentes en nuestra provincia de un pedido de desmonte de dimensiones semejantes (12.000 has), y que de llevarse adelante configuraría prácticamente la extinción del bosque chaqueño en nuestra provincia.
Existe el peligro concreto de que la provincia pierda el último remanente de bosque nativo que asegura la conectividad de áreas de yungas al oeste con la eco-región chaqueña del este, así como la Biodiversidad contenida en ella y la correspondiente funcionalidad ecológica.
No obstante, si esta Autoridad decide seguir adelante con el llamado a Audiencia Pública quienes firmamos la presente nota solicitamos nos inscriba en el Registro de Participantes, a fin de expresar nuestras opiniones en dicha audiencia.
Saludamos atte.-

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