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PODER POLITICO, JUDICIAL Y EMPRESARIO EN PALMA SOLA
Quiénes
están tras la expulsión de las familias campesinas y la desaparición del bosque
nativo.
Los Pueblos Indígenas y Campesinos que habitan parte del territorio de
nuestra provincia padecen al día de hoy el desconocimiento histórico de sus
derechos territoriales. Este desconocimiento es fruto de una política que
apunta a la desaparición del sector, imponiendo su “integración” a una economía
capitalista que los necesita como mano de obra barata de las grandes industrias
locales como la minería y los ingenios azucareros. En la actualidad a esta
problemática se suma el corrimiento de la frontera agrícola con la plantación
de extensas zonas de monocultivo de soja, poroto y caña. Esto trae aparejado la
perdida de extensas zonas de monte chaqueño y la expulsión de poblaciones
campesinas e indígenas de sus tierras.
La vulneración de los derechos de los Pueblos Indígenas y Campesinos es
posible por la articulación de los poderes provinciales (Ejecutivo, Legislativo
y Judicial) y los poderes facticos (grandes corporaciones empresariales ligadas
en su mayoría de las veces a políticos locales).
La localidad de Palma Sola es
escenario de conflictos cotidianos entre familias campesinas que habitan
ancestralmente la zona y empresarios del agronegocio que llegaron en la última
década con la intensión de desmontar para plantar soja. De ello podemos
mencionar al menos tres situaciones que muestran un actuar conjunto del Poder
Judicial, ejecutivo y económico.
Caso del Paraje Santa Fe: en
diciembre de 2009 son detenidos cuatro campesinos (tres de ellos mayores de 70
años) por defender su posesión frente al administrador de la empresa CRAM S.A.
que quería cerrar el paso de la familia al lugar donde pastorean sus animales.
Cuando los campesinos se presentan a la Comisaria a denunciar el atropello de
la empresa son detenidos, teniendo que pasar la noche de año nuevo en la
comisaria. El Poder Judicial de San Pedro intervino en distintas instancias fallando en contra de
las familias poseedoras. El dueño de la empresa CRAM S.A. es pariente directo del Dr. Macedo, quien fuera
diputado provincial, embajador argentino en Bolivia y su hijo, al momento de
los hechos, era Secretario General de la Gobernación, ambos apoderados legales de
la empresa. Luego de intensos conflictos y de desmontar cerca de 1.000 has de monte
nativo, el Tribunal Contencioso Administrativo anulo las autorizaciones de
desmontes a la empresa, por un amparo presentado por las familias campesinas.
Actualmente la causa se encuentra en el Superior Tribunal de Justicia de la
Provincia. Es preciso poner de resalto que integra este tribunal el Dr. Sergio
Jenefes, hermano del actual vice gobernador y quien tiene en la misma zona de
conflicto miles de hectáreas de desmontes autorizadas para realizar mono
cultivo de soja, lo que lo convierte en uno de los mayores empresarios del
agronegocio en la provincia.
En el Paraje Las Vertientes existe
un pedido de 12.000 has de desmonte, allí fue apresado un campesino para que en
los días que estuvo detenido la empresa La Jujeña S.A.I.F.Y G. ingresara
topadoras con el fin de alambrar su posesión.
La empresa La Jujeña S.A.I.F.YG.[1] tiene
como Vicepresidente y director titular a Néstor Virgilio Cervera, quien obtuvo amplias
extensiones de tierra en el Dto. Anta, provincia de Salta, en sociedad con
Alfredo Olmedo. Asimismo, es director
suplente David Utin, pariente de Amalia Fortabat. La Jujeña es la empresa con mayor extensión
de tierras en la zona de Palma Sola, habiendo adquirido la tierra en la década
de los años 70, poseía 45.000 has, las que luego fue vendiendo. En el paraje
Santa Fe (caso mencionado anteriormente) vendió 10.000 a la empresa La Gran
Largada S.A., quien luego vende esas tierras a la empresa CRAM S.A. de
propiedad de la familia Macedo. Asimismo La Jujeña vende 17.000 has a la
empresa Agropecuaria El Mistol S.A. quien finalmente solicita la autorización
de desmonte de 12.000 has. en el paraje Las Vertientes. Agropecuaria El Mistol
S.A. (que nace como escisión de La Jujeña) es de propiedad de Cervera y
Agroganadera San Rafael S.A. y tiene como presidente a David Utín, Director
Titular Nestor Virgilio Cervera y su esposa Olga Azucena Zurita es directora
suplente.
En este caso, al igual que en el
anterior, la Justicia de San Pedro falló
en contra de las familias poseedoras negado sus derechos territoriales.
Asimismo, dos abogados, Juan Zenarruza (apoderado de La Jujeña) y Gustavo Fiad
(quien oficio esta vez de apoderado de las familias, pero que en realidad es
abogado de sojeros como el caso de los Macedo) hicieron que las familias firmaran
convenios con la empresa bajo amenaza de desalojo, donde renuncian a todos sus
derechos territoriales, a cambio de dinero y escasas hectáreas.
Actualmente las familias campesinas
organizadas han realizado denuncias en la Secretaria de Gestión Ambiental y
solicitaron participar en el proceso de autorización de desmonte, a fin de
poder dar su opinión y ejercer los derechos que como familias campesinas les
corresponde. A la fecha no han podido acceder al expediente y por lo tanto se
ha negado la participación e información en este proceso.
Por último mencionamos el caso del
empresario Orlando Canido, quien ya obtuvo de la Secretaria de Gestión
Ambiental numerosas hectáreas de desmonte para realizar mono cultivo de caña. En
la zona del Paraje Agua Salada, también de la localidad de Palma Sola, sin autorización
alguna, se metió en campos de campesinos ganaderos con topadoras, usurpando
parte de sus territorios, con la intención de alambrar y desalojar a los
compañeros. Se hicieron denuncias en Colonización y Secretaria de Gestión
Ambiental, pero a la fecha no se obtuvieron respuestas de las autoridades;
lejos de ello, desde el Instituto de Colonización avalan las acciones
usurpadoras del empresario. La Dirección de Desarrollo Sustentable no ha
frenado las actividades ilícitas de desmontes que lleva adelante Canido pese a
que desde noviembre de 2012 se han denunciado estos atropellos. Canido fue
denunciado en la Provincia de Santiago del Estero por asociación ilícita, ya
que con abogados, ex policías y empresarios usurparon tierras de campesinos en
la zona de Quimilí. El Movimiento Campesino de Santiago del Estero (MOCASE Via
Campesina) lo ha denunciado por haber desalojado a campesinos en el año 2004
utilizando topadoras para tirar sus casas.
Para cerrar denunciamos el accionar
judicial que permite el saqueo del bosque nativo en el departamento San
Bárbara, habiendo dejado sin efecto una medida cautelar que prohibía que se continúe
desmontando en todo el departamento hasta tanto se resuelva un proceso judicial
donde se discute la validez del Plan de Ordenamiento para Áreas Boscosas aprobado primero por
decreto del Poder Ejecutivo y luego refrendado por ley. Luego de que una decena
de jueces y abogados de la matricula se excusaran de intervenir, dos abogados
que actuaron como jueces ad hoc levantaron la medida cautelar argumentando que
se ponía en riesgo la economía regional. Con esta connivencia actúa también el
Instituto de Colonización de la provincia, quien adjudica a módicos precios la
tierra fiscal a empresarios para que desmonten y hagan monocultivo, y a los
campesinos les intima a pagar por sus tierras altos precios.
Nos preguntamos si estos señores
serán quienes traerán el mentado progreso que auguran políticos y empresarios
para nuestra zona. Claramente traerán mayores saqueos y desolación.
Organización Campesina Tierra Fértil
– Palma Sola, Jujuy
Movimiento Nacional Campesino
Indigena
Mayo de 2013.
[1] Su Presidente y Director Titular es Santiago
Maria Juan Antonio Nicholson y Director Suplente Juan Antonio Nicholson (hijos
de Juan Antonio Nicholson uno de los dueños del Ingenio Ledesma) y apoderada
legal María Blaquier, nieta de Carlos Pedro Tadeo Blaquier, dueño del Ingenio
Ledesma, actualmente procesado por crímenes de lesa humanidad cometidos durante
la última dictadura militar en Libertador General San Martín, provincia de
Jujuy.
San
Salvador de Jujuy, 14 de febrero de 2014
REF. Expte.
666-009/2014 – Audiencia Pública convocada por Resolución N°007-SGA/2014
Al Director
Provincial de Desarrollo Sustentable
Téc. Quim.
Matías Mori:
Los abajo firmantes expresamos por la presente nuestro enérgico
repudio a la forma que pretende darse a la devastación del bosque chaqueño.
Este llamado a audiencia pública implica desconocer los sendos
argumentos esgrimidos en el Amparo Ambiental Colectivo presentado por la
Asociación de Trabajadores del Estado (ATE), por familias campesinas de la
localidad de Palma Sola y por el Pueblo Guarani en el año 2010, donde se pidió
la anulación del Plan de Ordenamiento Territorial para las áreas boscosas por
contradecir la normativa nacional y supranacional en materia de protección de
los boques nativos y de los derechos de los pueblos indígenas y campesinos.
Al día de la fecha dicho amparo no fue resuelto continuándose con el
desmonte indiscriminado lo que configura el saqueo de nuestros bienes naturales
y que fuera descripto como ecocidio.
Expresamos nuestra oposición a que se autoricen 12.000 has de
desmonte en una zona de fragilidad ecológica, donde se perderá la conectividad
entre las yungas y el chaco, y lo que traerá aparejado la expulsión de las
familias campesinas que viven en el lugar y que no podrán continuar con la
ganadería de monte abierto ni realizar actividad agrícola alguna ya que luego
del desmonte vendrán las fumigaciones con agrotóxicos.
Solicitamos se extraigan copias certificadas para ser agregados al
presente del expediente Ref. Expte.
Nº B-245.255/10 “Acción Colectiva de Amparo Ambiental: Rodríguez Carlos
Alberto, Ramírez Nelli, Rueda María Magdalena, Mamani Gloria Isabel, Guzmán
Rene Hugo, Galindo José Víctor, y otros c/ Estado Provincial” que tramita ante
el Tribunal Contencioso Administrativo, ya que allí se expresan sendos
argumentos técnicos y legales que avalan nuestra postura.
En tanto dicho amparo pende de resolución
judicial, solicitamos se SUSPENDA el llamado a Audiencia Pública realizado,
hasta tanto se obtenga sentencia. Esto en virtud que allí se pide la anulación
de la Plan de Ordenamiento Territorial, y el pedido de desmonte se basa en
dicho Plan.
Asimismo, solicitamos se realice un estudio de
impacto ambiental acumulativo donde se analice el impacto general de todos los
desmontes autorizados y llevados adelante en la zona de Palma Sola desde la
aprobación del Plan de Ordenamiento Territorial hasta el presente, en tanto del
mismo se podrá evaluar el verdadero impacto que tienen los desmontes
autorizados de manera fragmentada. De otra forma no es posible conocer el daño
que se está produciendo en la zona por los diversos desmontes llevados
adelante. Es de hacer notar que no existen antecedentes en nuestra provincia de
un pedido de desmonte de dimensiones semejantes (12.000 has), y que de llevarse
adelante configuraría prácticamente la extinción del bosque chaqueño en nuestra
provincia.
Existe el peligro
concreto de que la provincia pierda el último remanente de bosque nativo que
asegura la conectividad de áreas de yungas al oeste con la eco-región chaqueña
del este, así como la Biodiversidad contenida en
ella y la correspondiente funcionalidad ecológica.
No obstante, si esta Autoridad decide seguir adelante con el llamado
a Audiencia Pública quienes firmamos la presente nota solicitamos nos inscriba
en el Registro de Participantes, a fin de expresar nuestras opiniones en dicha
audiencia.
Saludamos atte.-
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